El desarrollo del voto electrónico ha venido de la mano de la revolución informática y microelectrónica que tuvo como resultado la creación de redes y sistemas operativos informáticos y de la expansión de las tecnologías de telecomunicaciones digitalizadas e inalámbricas.
El surgimiento de estos procesos que confluyen hoy en día en las llamadas “tecnologías de la información y el conocimiento”, hizo inevitable la necesidad de ampliar los procesos electorales utilizando la tecnología digital como soporte.
Del mismo modo, el uso de estas tecnologías se ha extendido en los campos de la industria y los servicios financieros. Es importante señalar que diferentes estudios han recomendado las bondades del sistema de votación electrónica debido a su eficiencia en el procesamiento de datos y al intercambio de éstos con una multiplicidad de usuarios en tiempo real.
Sin embargo, también han indicado la necesidad de establecer los ordenamientos legales para regular no solo el uso del voto electrónico sino las diversas actividades afectadas por la informática: por ejemplo, para la sistematización de bases de datos personales, el procesamiento y la sistematización de información gubernamental, la creación de nuevos servicios bancarios, el procesamiento de información obtenida por encuestas, entre otros.
Para su aplicación, el sistema debe satisfacer exigencias de transparencia y confiabilidad para dar seguridad jurídica a los derechos electorales de los ciudadanos.
En este sentido, en México, una diversidad de actores (ciudadanos, autoridades electorales, legisladores y partidos políticos) así como estudiosos del tema discuten en la actualidad la pertinencia de crear las normas que autoricen expresamente el uso de sistemas electrónicos de votación, pero que además indiquen las reglas y los procedimientos específicos para su implementación y control en base a los principios que rigen los sistemas electorales democráticos para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Dichas regulaciones deben ser producidas, para su validez y vigencia, con estricto apego a normas constitucionales, lo cual estimulará la confianza necesaria en los electores para el uso masivo del voto electrónico en México ampliando la participación y la democracia como es el caso de Brasil.
Fuente: http://mgmundoposible.blogspot.com